Acusan presunta simulación de Comité del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo

La organización “Somos tus Ojos” denunció el incumplimiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que acordó solicitar al Comité Coordinador, ambos del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo (SEA), la emisión de un exhorto público al Congreso local para transparentar al 100 por ciento los gastos hechos por las llamadas “ayudas sociales”.

Pese a que está dentro de sus facultades, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Anticorrupción, el CPC -integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos- se había negado a intervenir y dar trámite a la solicitud hecha en diciembre pasado por Teresa Pérez Sorcia y por la agrupación, fundada por la periodista Fabiola Cortés.

Expresamente, se solicitó que pidiera al Comité Coordinador que exhortase públicamente a la XV Legislatura a poner a disposición de las demandantes los documentos en los que se acredite el gasto realizado por las y los legisladores en “ayudas sociales”, del 2016 al primer trimestre al 2018, así como la conclusión de las auditorías.

La resistencia de Miriam Cortés Franco, entonces presidenta del CPC, y de los integrantes Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina, llevó a “Somos Tus Ojos” a promover un amparo -con número 271/ 2019- ante el Juzgado Sexto de Distrito.

En respuesta, el CPC se retractó y acordó, el 23 de abril pasado, hacer la solicitud de exhorto al Comité Coordinador, integrado por la Auditoria Superior del estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Contraloría (Secoes), el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En el informe rendido ante el juez, por el presidente entrante del CPC, Marcos Gutiérrez Martínez, expuso que se había reunido con integrantes de la Legislatura, entre diputados y directores de Oficialía Mayor, Gestoría y el titular de Transparencia en el Congreso; además, presentó una copia de la reunión en que se acordó hacer la solicitud al Comité Coordinador.

“Dicho en palabras claras, el CPC se comprometió ante el juez federal a ‘tramitar’ ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, el exhorto, en los términos señalados (…)”, indicó Cortés Miranda, quien señaló que debido al compromiso hecho, el juez sobreseyó el amparo.

“Sin lugar a dudas se trató de una simulación impulsada desde el CPC (…) Lo que hizo el presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo fue una maniobra jurídica con la que desactivó el amparo interpuesto, dejando en el limbo su compromiso de gestionar el exhorto”, afirmó.

Hasta ayer, la respuesta de Marcos Gutiérrez a Fabiola Cortés fue que no tenía “novedad” alguna sobre la petición que se comprometió a realizar ante el Comité, para emitir el exhorto.

Para Cortés Miranda la explicación subyace en que -en su opinión- el CPC es parte de una simulación, que “aparenta” la ejecución de acciones para luchar contra la corrupción, cuando en realidad la encubren y “sirven” para “aplaudir” las acciones de gobierno.

“Con un sueldo de 95 mil pesos mensuales, igual al de un Secretario de Estado, pero sin ninguna responsabilidad, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, son la élite más privilegiada de dicho sistema; que no ha servido para mucho, o dicho más claramente, solo ha servido para aparentar ‘avances’ y ‘sinergia’ en materia de combate a la corrupción con el gobierno del estado.

“Los integrantes del CPC en Quintana Roo no tienen oficina, es decir, ni siquiera tienen obligación de cumplir con un horario o con un trabajo específico, con absolutamente nada; y por ese ‘trabajo’ los ciudadanos les pagamos 95 mil pesos”, reprochó.

La también abogada agregó que, con excepción de Cynthia Dehesa, el resto de integrantes del CPC carece del perfil que establece la ley para formar parte del Sistema, pues no tienen experiencia en temas de transparencia y combate a la corrupción, ni trayectoria que dé muestras de su interés previo en ambas materias.

Fuente El Universal